«El patrimonio documental es la memoria común de la humanidad. Debe protegerse con fines de investigación y compartirse con el mayor número posible de personas. Es una parte fundamental de nuestra historia colectiva».
Audrey Azoulay, directora general de la Unesco
Por: Yimel Díaz Malmierca
«El 8 de agosto de 1964 murió el Doctor. Todo terminó con él, como suele pasar cuando estamos en el tránsito desde el subdesarrollo a un estadio superior, la desmemoria y el olvido. Vino el gran desastre (…). Por eso no se celebra ese día. Celebramos el 23, día en que nació en Acosta no. 40, cerca del Convento de Belén, el colegio donde estudió y fue buen alumno; donde estudiarían también Carlos J. Finlay y otros grandes cubanos, como Eduardo Chibás, quientambién fue su amigo (…)».
Con esas palabras honró Eusebio Leal Spengler a Emilio Roig de Leuchsenring en el acto del año 2018, en el Palacio de Lombillo. En esa oportunidad lo describió como «un historiador, un publicista, un orador, un polemista, un hombre muy popular que salía a las calles y andaba a pie de un lado para otro, pero sobre todo un cubano muy completo, (…) de la calle, de abanico, de café con leche y pan con mantequilla, de casquitos de guayaba con queso crema, gourmet de las comidas criollas del restaurante Lafayette y del café París».
Roig fue «esa cubanía del encuentro, del diálogo». Para la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) es norte y asidero.
Simiente de la OHCH
El 1ro. de julio de 1935 Emilio Roig fue nombrado Historiador de la Ciudad. Para entonces su verbo se curtía en la intensa vida intelectual de la época y en el periodismo polémico y costumbrista que comenzó a practicar desde la segunda década del siglo. A los 46 años era respetado por su antiimperialismo irrevocable, por su obra en el ámbito de las letras, el derecho y la historiografía cubana; y también por su apego a La Habana y su patrimonio.
El propio Emilito (como le llaman estudiosos y admiradores) ubicó en 1927 el inicio de su quehacer en el gobierno, fecha en que fue designado Comisionado Intermunicipal de La Habana por el alcalde Miguel Mariano Gómez Arias, a propuesta de Ruy de Lugo Viña. En el libro Veinte años de actividades del Historiador de la Ciudad de La Habana Emilio Roig de Leuchsering (1935-1955), el laborioso intelectual narró, por ejemplo, cuando fue cesanteado del cargo durante la dictadura de Gerardo Machado y cómo fue restituido el 30 de noviembre de 1933. En él permaneció hasta asumir como Historiador de la Ciudad.
Con esa energía telúrica de que dan fe sus contemporáneos, Roig impulsó obras de gran trascendencia, como la edición de los Cuadernos de historia habanera desde agosto del propio año 1935 y el ordenamiento del «desconcierto 
urbanístico» que existía en torno a los nombres de calles y avenidas. Sobre esto último, propuso una especie de código en el que indicaba restituir los nombres antiguos, tradicionales y populares de las calles habaneras «por juzgar que ello es patriótico, cultural, práctico, útil y productivo»; suprimía calificativos que remitían al despotismo colonial o herían sentimientos patrióticos de los cubanos; establecía que ninguna calle debía llevar el nombre de un vivo, sino esperar, como mínimo, diez años después del deceso. En el caso de calles con nombres de patriotas que debían recuperar su denominación antigua, propuso honrarlos en las arterias innominadas.
Roig laboró en la restauración de la Plaza de Armas de 1935, y si bien no consiguió esa vez sustituir la infausta imagen de Fernando VII por la de Carlos Manuel de Céspedes, nombre que ostentaba aquel sitio desde 1923, el tema fue ventilado públicamente y labró el camino para que se hiciera justicia en 1955. El mismo año de su nombramiento escribió el ensayo El más bello rincón de La Habana colonial: la Plaza de la Catedral, donde abogó por una restauración respetuosa e integral de ese espacio público. A finales de 1935, a iniciativa de Roig, se constituyó la Sociedad de Amigos de la Biblioteca Nacional, «con el propósito de rescatar esta institución del estado desastroso que sufría y colocarla a la altura que requería un país culto y civilizado».
Para las elecciones de enero de 1936 los tres candidatos que discutían la alcaldía municipal (Guillermo Tapia, Antonio Beruff Mendieta y Pelayo Cuervo) solicitaron al Historiador un texto que resumiera las cuestiones fundamentales de índole administrativa, económica y social, que proponía incorporar a sus programas de gobierno. Aparece así Notas para un programa de buen gobierno municipal habanero, donde sugiere un conjunto de medidas que buscaban proteger la infancia y garantizar la educación infantil; crear escuelas de comercio, mecanografía y artes y oficios para los jóvenes; mejorar los servicios públicos de electricidad, gas, alumbrado y teléfonos; eliminar el monopolio sobre los artículos de primera necesidad; defender la salud pública, velando por la higiene de las industrias elaboradoras de alimentos, droguerías y farmacias, así como en las casas de vecindad y ciudadelas.
También les indica ofrecer asistencia social a quienes no tuvieran trabajo u otros medios de subsistencia; promulgar un reglamento contra la vagancia; actualizar el catastro de fincas rústicas y urbanas a fin de que realizaran el pago de sus impuestos con honradez; disponer la rotulación de las calles y la correcta numeración de las casas; promover el cuidado del urbanismo y el ornato público; establecer un sistema eficiente de mercados en los barrios; crear bibliotecas, museos, academias de bellas artes y teatros; divulgar el acervo histórico; mejorar el empleo; atender el problema racial; garantizar el derecho al salario mínimo; impulsar la construcción de viviendas dignas para la clase obrera; reestructurar el sistema de transporte de tranvías y ómnibus; proveer servicios de enterramientos dignos para las clases humildes y regular el funcionamiento de los cementerios, en particular el de Colón, donde la iglesia católica imponía un abusivo control. Según la estudiosa de la obra de Roig, la Dra. Araceli García Carranza, esta propuesta constituye un «verdadero programa social que respondía a los intereses del pueblo».
Actas para contar la historia
Los españoles trajeron a Cuba la estructura de gobierno que se inserta en la tradición romana de la municipalidad. Así nació el Ayuntamiento de La Habana que, como los del resto del país, tenía cargos elegidos anualmente por el cabildo. Este último devino institución vigorosa y bien informada pues mantenía comunicación directa de la metrópoli. Era el espacio regular de interacción de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, liderado por el gobernador, quien en 1553 había decidido establecerse aquí de forma definitiva.
El cabildo atendía todo lo relacionado con la defensa; otorgaba licencia a toda clase de empresas, comercios e industrias; recibía a los nuevos vecinos; establecía aranceles y regulaba los precios de comestibles, bebidas, vestimentas y hospedaje; dictaba medidas para el trazado, limpieza y conservación de calles y caminos, así como la delimitación de solares, tala de montes, venta de maderas, carga y descarga de los navíos, provisión de víveres para las flotas que anclaban en el puerto, abastecimiento de agua y demás necesidades de la población.
Todo esto quedaba registrado en las Actas del Ayuntamiento, papelería que en principio fue instrumento de gobierno y con el tiempo se convirtió en fuente irreemplazable para escribir la historia de la ciudad, la región y de la humanidad. Algunos aducen que fue al ver la destrucción dejada por las incursiones de piratas franceses (1538 y 1555) que tomaron conciencia del hecho de que aquellas actas eran, además, una especie de registro primario de la propiedad.
Los monarcas españoles Felipe II y su sucesor Felipe III, emitieron ordenanzas en 1569 y 1602, respectivamente, que establecían las primeras pautas para la organización, preservación y consulta de los nacientes archivos institucionales de la Isla. Es así que, el 13 de mayo de 1569, el cabildo habanero recibió la custodia de las disposiciones reales mientras se construía un mueble que garantizaría su seguridad.
Pero en el siglo XVIII el deterioro era evidente debido a la manipulación continua, la acción lesiva del tiempo, los insectos y el clima. Las autoridades del cabildo decidieron encuadernarlos, forrarlos con pergamino y, más tarde, trasuntarlos,
proceso que inició, en 1811, el escribano Agustín José Rodríguez. Para el año 1828 se conocía la existencia de 4 mil 561 hojas copiadas de las originales en 9 cuadernos que contenían las Actas desde julio de 1550 hasta marzo de 1647. El proceso se suspendió durante varios años debido a una disputa por el pago de honorarios al escribano y en 1840 lo retoma Sebastián Baeza, nombrado un año más tarde, intérprete de letra antigua. Vale aclarar que ese trabajo y el de su antecesor, nunca han sido encontrados.
En 1850 se aprobó la elaboración de un índice de los repartos de tierra para disminuir la manipulación de los textos originales. También se acordó trasladarlos hacia un archivo de condiciones adecuadas, con un mobiliario propicio. Las evidencias del primer levantamiento documental de estos archivos nos remiten a 1857, y ello reafirma el interés en torno a la conservación y restauración de las Actas.
El proceso condujo a un inventario cuyos resultados fueron expuestos ante los concejales habaneros el 14 de enero de 1859. En esta nueva etapa se impuso la necesidad y pertinencia de copiar los originales. El primero en iniciar el trabajo fue Rodríguez de Loira, quien trasuntó 8 volúmenes y medio, que cubrían los años 1550 y 1648, con «letra clara y sin rasgos», tal como exigían las normas. Le siguieron Evaristo Arango, Lino Carballo y Juan Gomís. En total se logró trasuntar los textos de 1550 a 1809, labor que se extendió hasta 1897.
Durante las primeras décadas del siglo xx estos documentos testimoniales de la vida habanera continuaron bajo la custodia del archivo del Ayuntamiento. Testimonios de la época dan fe de que hacia 1926 se encontraban en el más completo abandono en locales del Castillo de La Real Fuerza. Ese año asumió la alcaldía Miguel Mariano Gómez (1926-1930), quien ordenó trasladarlas hacia un local más seguro, construirles un mobiliario adecuado, y elaborar un índice que redujera la manipulación.
En ese contexto, el 3 de mayo de 1927, deciden nombrar a Emilio Roig de Leuchsering como ComisionadoIntermunicipal de la Habana. El intelectual, conocedor del valor insustituible de aquella vieja papelería, se convirtió en su más celoso custodio y la convirtió en simiente de lo que no pocos consideran una de las proezas intelectuales de la primera mitad del siglo xx cubano: la creación, en 1938, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
Roig en la Memoria del Mundo
El desamparo institucional en el que se encontraban las Actas del Ayuntamiento motivó a que Emilio Roig decidiera fundar el Archivo Histórico municipal, que se convirtió en el «hogar» de tan valioso patrimonio. No solo brindó cobijo y amparo a los documentos, sino que los hizo accesibles a historiadores y expertos; y demostró su valía para contar la historia de la ciudad y sus relaciones con el resto del mundo.
Durante los años 1929, 1937, 1939 y 1946 publicó las Actas de los siglos XVI (1550-1578) y XVIII (1762-1763) con textos introductorios. Esta obra ha sido considerada uno de los primeros intentos de hacer accesible el patrimonio documental que atesora la Oficina.
«Cuando se publicaron los primeros tomos de las Actas trasuntadas por mi predecesor de feliz memoria, el Doctor Emilio Roig, maestro mío — recordó Leal en 2018— resultó que recorrían estas un largo período de incertidumbre. Habían sido guardadas en las húmedas bóvedas del Castillo de la Fuerza en el período en que el Ayuntamiento de La Habana, en la década de los años 20 del siglo pasado, no entendió quizás la trascendencia e importancia de aquellos papeles, codiciados
—eso sí— por los grandes investigadores e historiadores que sabían, como nosotros, que no se puede escribir la historia de Cuba, ni tampoco la de las Antillas y en gran medida la del continente americano, sin esta colección crucial.
»En ellas, con un lenguaje que pasado un tiempo llega a nuestros oídos con el acento de los distintos escribanos y notarios, nos llega la noticia de la guerra y la paz en Europa, del acecho de la ciudad por los corsarios y piratas de distintas banderas, de la llegada afortunada de un médico o del refugio obtenido por la flota o por una nave en fuga que llega finalmente a trasponer el puerto de La Habana», reflexionó Leal en el acto de entrega del certificado de inscripción oficial en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo en el año 2019.
Sin tiempo para ver muchos de sus planes hechos realidad, Emilio Roig falleció el 8 de agosto de 1964. La Oficina del Historiador, que entonces radicaba en el Palacio de Lombillo, fue desintegrada y sus objetos y documentos fueron 
mayoritariamente dispersados en diferentes instituciones cubanas, fundamentalmente, la Academia de Ciencias.
Sobre este tema, la especialista en gestión del patrimonio documental Ana Lourdes Insua Felipe, quien desde hace años labora en el renacido Archivo Histórico de la OHCH, explicó: «Gracias al empeño del Dr. Eusebio Leal que ya trabajaba en las oficinas de la Administración Metropolitana en el Palacio de los Capitanes Generales, las Actas del Ayuntamiento, pudieron conservarse sin alteración. Él sirvió de mediador en este proceso de entrega de los bienes y pertenencias de la OHCH, y discutió con vehemencia en favor de los libros capitulares. Fue una batalla dura, pero ganada al final, con el apoyo de figuras del gobierno como Aida Santamaría Cuadrado; María Benítez, viuda de Roig; y del bibliotecario y referencista Alfredo Zayas Méndez».
«Luego del nombramiento de Leal en 1967 como director del Museo de la Ciudad, de la Oficina del Historiador y al frente de las obras de restauración del Palacio de los Capitanes Generales, se logró concluir las salas donde se estableció, conjuntamente con la biblioteca, el Archivo con sus Actas salvadas», argumentó Insua Felipe. Desde entonces, las Actas del Ayuntamiento de La Habana han sido objeto de preocupación constante: «Se buscaron muebles más confortables y duraderos.
Se climatizó el área donde permanecen. Se lograron proyectos de cooperación con entidades extranjeras a fin de restaurar los textos más antiguos. Igualmente, la tecnología informática se ha puesto en función del procesamiento de estas fuentes documentales, así como para su digitalización progresiva. Un personal preparado y comprometido las defiende y gestiona convenientemente».
«Actualmente los documentos están colocados en estantes metálicos, cerrados con puertas de cristal calobar. Una parte, la más antigua, está protegida con envoltorios especiales. La estantería se ubica en un depósito compartido con el resto de los fondos y colecciones que atesora el Archivo Histórico. El local permanece apagado y protegido de la luz natural. El acceso al lugar es limitado. Se controla la temperatura y la humedad relativa. Hay deshumidificadores y extintor. Existen planes de conservación preventiva y contra desastres», agregó Ana Lourdes.
Con esa filosofía y cuidados, la serie documental Actas del Ayuntamiento de La Habana (1550 -1898), fue aceptada, en mayo último, en el Registro Internacional del Programa Memoria del Mundo, iniciativa impulsada por la Unesco desde 1992, con el fin de procurar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como promocionar el interés por su conservación.
