Tomado del sitio web Habana Patrimonial
Por Isachi Fernández
Habana Patrimonial reproduce una entrevista a Nilson Acosta, vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, publicada como parte de un texto más extenso por IPS. En ella el experto ofrece pormenores de los valores locales en Cuba, y su futuro al calor de los cambios que se avistan en el país.
¿Qué bien clasifica como patrimonio local?
Aquel asociado a una comunidad y en ese sentido puede ser un bien que tenga una declaratoria, una protección jurídica, o puede carecer de ella. Lo relevante es la apreciación de los pobladores. Puede ser una edificación que marca la historia del territorio, la iglesia de un poblado, u otro inmueble, pero también puede ser parte del patrimonio inmaterial, que va desde la cocina, las fiestas, es muy variado y está asociado a las particularidades de cada localidad.
Más allá de los bienes protegidos jurídicamente, ¿en qué estado se halla ese patrimonio local?
El patrimonio construido es uno de los que más sufre el embate económico. Si usted no puede tener una política de conservación incluso en el caso de Monumentos Nacionales (no podemos decir que los más de 500 bienes que están inscritos presentan óptimas condiciones), ¿qué va a quedar para esos que están en muchas de las comunidades? El ejemplo quizás más ilustrativo está en el patrimonio azucarero ¿qué pasó con muchos centrales? Las poblaciones asociadas se quedaron sin ese asidero, que no era solamente económico sino cultural, esencial para su identidad.
Es un tema complejo y que no se puede apartar de la situación económica. El patrimonio construido local está obviamente muy amenazado también por la falta de mantenimiento, por eventos meteorológicos, por la escasez de los materiales que requiere la conservación de bienes…por ejemplo en el caso de la arquitectura vernácula necesita madera de calidad, las tejas, que escasean porque se agotan los yacimientos minerales, pero también por la pérdida de los oficios que durante años hemos padecido.
El patrimonio inmaterial de las comunidades, al contrario, se ha enriquecido. El país tiene mecanismos para promocionarlo y garantizar su transmisión a las nuevas generaciones, gracias también al trabajo de las casas de cultura y los museos municipales. El Período Especial no pudo con las Parrandas de Remedios, en la provincia de Villa Clara, ni con el Carnaval de Santiago de Cuba. Fueron más fuertes esas tradiciones que las limitaciones económicas. Debo aclarar que no había una ley que obligara a realizar esas festividades.
¿Pudiera pensarse que los esfuerzos de conservación y restauración se concentran en las ciudades patrimoniales?
Hay una jerarquía y eso define prioridades. Cuando hay recursos limitados, se comienza por aquello que tiene mayor impacto.
¿Se hace algo a favor de la arquitectura vernácula?
El hecho de que haya una Cátedra de Arquitectura Vernácula en colaboración con la Oficina del Historiador de La Habana (la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula, creada por iniciativa de la Fundación Diego de Sagredo) reconoce esa arquitectura anónima, modesta, pero que también es importante porque la fisonomía de nuestros pueblos está en ella.
La conservación es un reto porque requiere materiales primordiales pero se trabaja y se trata de buscar paliativos, por lo menos necesitamos identificar dentro de ese mar de construcciones, qué es lo más valioso y cuáles pueden ser los criterios para futuras intervenciones.
La arquitectura vernácula frecuentemente está asociada a la precariedad. ¿Esta llamada de atención supone una defensa de prácticas como los pisos de tierra y otras relacionadas con capas primitivas del desarrollo humano?
No necesariamente. El patrimonio no está divorciado del desarrollo, de la evolución de las condiciones de vida de las personas. Lo que tratamos de estimular es la búsqueda de un lenguaje coherente con los antecedentes y el medio. No se pretende que una persona que nació en una vivienda con piso de tierra, permanezca toda la vida en las mismas condiciones. Pero para mejorar la vida de la gente, hay que hallar fórmulas que no sean agresivas con el contexto.
Igual pasa con el acceso a las nuevas tecnologías o a las infraestructuras hidráulica y eléctrica. El caso del Valle de Viñales es un tema analizado, un sitio declarado Patrimonio Mundial y que tiene arquitectura vernácula como parte de sus valores… Estamos conscientes de que hay que reforzar ese diálogo entre el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y la conservación en la medida de lo posible de una visualidad y un paisaje determinados.
En cuanto a los museos, hubo un tiempo en que cada municipio tuvo uno, resultado de una batalla liderada por Marta Arjona, por entonces directora del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, quien de concilio con las autoridades municipales, escogió los inmuebles de más valor para ese fin, ¿esa idea caducó?
No ha caducado. Los museos municipales nacen por la ley 23 de 1980. Eso en principio se ha mantenido, aunque en la práctica nunca llegó a ser en un ciento por ciento. Hubo municipios en los que nunca se fundó el museo. Hoy en día contamos con más de 300 museos, y estamos hablando de un país con limitaciones económicas severas. Un museo municipal hace falta, lo que hay que adecuarlo a las particularidades de cada territorio y que tengan las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo.
En estos momentos se habla con fuerza de una mayor participación ciudadana, de otorgarle poder económico y de gestión a los municipios ¿qué efecto tendría esto para el patrimonio?
Es un reto para los territorios. Cuando se estructure esta nueva estrategia, va a haber municipios que tengan más ingresos y posibilidades a partir de la cultura, como Trinidad, en el centro del país, y otros que van a depender de la capacidad del territorio en otros sectores y de la sensibilidad del gobierno a propósito de instituciones que hay que mantener. El Consejo seguirá asumiendo lo que es su esencia: la rectoría metodológica. Este esquema económico que hoy tenemos es una herencia de una distorsión ocasionada por la dualidad monetaria. Cuando ella desaparezca, los presupuestos van a ser los de los gobiernos y de ahí debe salir el financiamiento para mantener museos, casas de cultura y bienes patrimoniales. Está previsto que de esta manera el municipio gobierne.
¿Qué perspectiva usted aprecia en la Isla de la Juventud, que cuenta con el Presidio Modelo; la Finca El Abra, donde permaneció José Martí; las Cuevas de Punta del Este; el barco El Pinero…?
Le va a ser extremadamente difícil a la Isla de la Juventud si no tiene una atención nacional diferenciada de inicio. Solo el Presidio Modelo sobrepasa las posibilidades del municipio, y los monumentos nacionales en la Isla, como El Pinero, están bastante amenazados. En Punta del Este ya se están realizando acciones, pero se requiere de una sistematicidad. El Abra cada cierto necesita una atención. En el caso del patrimonio de la Isla, con bienes únicos, hay que buscar un esquema que priorice algunas de estas intervenciones.
La Isla también tiene un potencial turístico considerable
Eso lo hemos defendido también. El caso del Presidio, por ejemplo, requiere de una inversión millonaria, pero es un patrimonio que puede generar desarrollo local.
Nosotros hemos hecho un diagnóstico de los monumentos amenazados en todo el país, se presentó a las máximas instancias del gobierno y se está valorando tentativamente a cuánto puede ascender el financiamiento de su restauración para presentarlo al Ministerio de Economía y Planificación.
